En su intervención, Luis Cansado ha explicado que habrá "dos tipos de recursos judiciales" para hacer las correspondientes reclamaciones, una primera en la que los funcionarios tienen que ir a la jurisdicción de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo donde se presentará, encabezado por un responsable de cada una de las organizaciones sindicales, "un Contencioso Administrativo" para "que se haga extensivo al resto de personal".
De esta forma, Luis ha añadido que, "si se falla sobre la inconstitucionalidad de la medida en un caso", automáticamente los sindicatos la pedirán "para todo el personal funcionario afectado"; en este caso, se presentará el recurso "de manera individual" porque "no se puede hacer colectivamente", matizando que las organizaciones sindicales asumen "el posible coste de tasas judiciales, o costas si las hubiera", para no cargar "las depauperadas economías" del conjunto de funcionarios.
Por otra parte, para el personal laboral, se va a presentar "un recurso global" o "conflictos colectivos", encabezados por las organizaciones sindicales, "como organismos" y "no como organizaciones sindicales", para que "afecten al conjunto de personal"; puntualizando que, si las correspondientes administraciones rectificaran "siempre quedaría la posibilidad" de "retirar las demandas" en su momento.
APERTURA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN
El representante de CSI-F, Benito Román, se ha mostrado convencido "de la inconstitucionalidad" de esta norma, "tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso que fue planteado por el Gobierno de Navarra" en este sentido, exigiendo al Ministerio de Hacienda "que abra la Mesa de Negociación" de manera "urgente", para negociar "como se restituye la paga extraordinaria", no solo "el devengo" de los días trabajados.
Según Román, "a través del diálogo y la negociación se ha conseguido que en el mes de abril" se devuelva "la parte que les fue retenida a los empleados de las mutualidades Muface, Mujeju e Isfas", recordando que a estos trabajadores "se les había retenido una parte de la paga extraordinaria" que "no llegaron a cobrar en septiembre".
Para el representante de CSI-F, hay que tener "una responsabilidad y una altura de miras por parte de todos", porque la intención de los sindicatos es "negociar", y si hay que "temporalizar" el pago "se temporaliza" pero, están convencidos que "igual que ha ocurrido en otros países", en España "pueda ser inconstitucional la medida de suprimir la paga extraordinaria".
AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
Mientras, la representante de CCOO, Marisol Salazar ha manifestado que se han "agotado" los recursos presentados en la vía Administrativa, y aunque "algunos ayuntamientos han estimado parcialmente los recursos" y "han reconocido el abono de una parte proporcional de la paga extraordinaria".
Pero, Salazar ha indicado que "la inmensa mayoría" de los ayuntamientos "ha desestimado" estos recursos o "simplemente no han contestado", por eso, a partir de este jueves, la mencionada plataforma "iniciará la presentación de esos recursos" en "la vía jurídica".
Junto con ello, ha señalado que "bloquear el ámbito jurídico, con la cantidad de demandas que hay que interponer" es "un poco absurdo", porque "hasta las mismísimas instancias más altas del ministerio correspondiente" han reconocido "que aplicar una medida con carácter retroactivo", cuando "se están lesionando derechos fundamentales" tiene "sus visos de ilegalidad".
Pese a ésto, se continuará con la reivindicación de que "se estimen esos recursos en vía administrativa" y a que no se obligue a los sindicatos a "seguir con las demandas", porque además esperan que "instancias superiores" reconozcan "que se ha aplicado mal la norma" y que "corresponde resarcir el derecho de los empleados públicos".
"VICTORIA MÁS DOLOROSA" DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Y, José Ignacio Luis no cree "que haya despidos" si se ganan estos recursos, ya que según ha explicado, hay acciones como la del Gobierno de Extremadura que "está procediendo a adelantar la propia paga extraordinaria" que "se contempla en presupuestos".
Para Luis, "cualquier medida que quiera hacer este gobierno la va a hacer", aunque "es evidente" que, ante una norma "que está recogida en los principios constitucionales", no se puede dejar "que voluntariamente un gobierno" pueda hacer medidas "que van en contra de los propios designios del conjunto de la población".
