El Ministerio de Justicia ha convocado oposiciones para cubrir 752 plazas de auxilio judicial y otras 376 de tramitación procesal, dos de las más esperadas cada año. El plazo de presentación de ambas convocatorias termina el próximo 1 de febrero.
En el caso de las plazas de auxilio judicial, 194 plazas irán destinadas a la Comunidad de Madrid y las mismas para Cataluña, 100 para los órganos dependientes del Ministerio de Justicia, 76 para la Comunidad Valenciana, 73 para Canarias, 29 para el País Vasco y para Andalucía, mientras que Navarra y La Rioja tendrán nueve plazas cada una.
El principal requisito en este ámbito es tener la titulación de graduado en la ESO, o el equivalente para aquellos que estudiaron en anteriores sistemas educativos.
La fase de oposición consistirán en dos pruebas, una de tipo test sobre el temario que se indica en la convocatoria y un segundo en el que se planteará otro cuestionario de 50 preguntas referidas a dos casos prácticos de diligencias judiciales.
Podéis leer la convocatoria aquí.
En cuanto a las plazas de tramitación procesal y administrativa, se reparten en 81 para Madrid, 79 para Cataluña, 57 para el Ministerio de Justicia, 46 para Canarias, 42 para Andalucía, 35 para la Comunidad Valenciana, 6 para Andalucía y Navarra, 5 para La Rioja.
En este caso, los aspirantes deberán tener el título de Bachillerato y de FP para poder optar a una de estas plazas.
Habrá un primer ejercicio que se dividirá en dos partes y que consistirá en un primer test sobre el temario de la convocatoria y un segundo de 20 preguntas sobre un supuesto práctico que dará a conocer el tribunal. El segundo ejercicio se basará en reproducir en ordenador/procesador de textos un texto en Microsoft Word con los requerimientos de presentación que el Tribunal determine.
Podéis leer la convocatoria aquí.
Es importante saber que aquellas personas que concurran a una comunidad autónoma con idioma oficial propio, tendrán que acreditar un conocimiento suficiente del mismo. Y se reserva además un porcentaje de plazas para personas con algún tipo de discapacidad, como ocurre en otros procesos de empleo público.
