viernes, 29 de noviembre de 2019

La Junta ofertará 1.622 plazas para consolidar contratos temporales

Examen de oposiciones a la Junta de Extremadura celebrado en Cáceres. :: HOY/
Examen de oposiciones a la Junta de Extremadura celebrado en Cáceres.

El Gobierno regional y los sindicatos pactan que la fase de concurso contabilice un 40% de la nota para dar facilidades a los empleados actuales

La Junta de Extremadura ofertará 1.622 plazas en el ámbito de Administración General con el objetivo de reducir la temporalidad de empleados no fijos.
La Mesa Sectorial de Funcionarios y de la Comisión Negociadora de Personal Laboral aprobó ayer la oferta de empleo público adicional de estabilización en el área de Administración General, que abarca al personal que no forma parte ni del SES ni de Educación.
Con 1.622 plazas, será una de las más numerosas de este ámbito en la Junta de Extremadura. La directora general de Función Pública, Carmen Vicente, señaló que en los últimos once años no se ha producido una oferta tan cuantiosa en Administración General.
Las plazas se distribuirán en 1.059 de personal funcionario y 563 de laboral. En este colectivo hay menos porque está condicionado por las limitaciones que impone el Ministerio de Hacienda.
La oferta de funcionarios se compone de 210 plazas del cuerpo de titulados superiores; 390 del cuerpo técnico; 105 de administrativos; 344 de auxiliares y diez para subalternos. En total, 1.059.
Con esta medida la Junta de Extremadura cumple con el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, alcanzado en marzo de 2018 entre el Ministerio de Hacienda y los representantes sindicales de CC OO, UGT, y CSIF para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas.
La previsión es acumular la convocatoria con la oferta de 2018 y 2019, con lo que se pasaría de 2.000 plazas
Este acuerdo, además de fijar un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público, recogió la posibilidad de disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal con plazas que hayan estado dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017. El objetivo es que la tasa de cobertura se sitúe por debajo del 8%. Para ello, se exige que las ofertas de empleo que articulen estos procesos se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales entre los años 2018 y 2020.
Las ofertas en el ámbito sanitario (572 plazas este año) y educativo (362 en 2019) ya se han llevado a cabo. Sin embargo, aún no se habían aprobado para Administración General, de ahí que el número de plazas sea tan elevado.
Carmen Vicente expuso al término de la reunión con los sindicatos que el acuerdo alcanzado ayer abarca el máximo de las tasas de reposición en estabilización que permite el Gobierno para el sector de Administración General. Esas tasas fijan qué porcentaje de puestos que quedan vacantes (por cuestiones como jubilaciones, traslados o fallecimientos) puede ofrecerse para que sea ocupado mediante una convocatoria específica.
Como explicó, este sector nunca se ha considerado prioritario, al contrario de lo que sucede con las fuerzas y cuerpos de seguridad o el personal sanitario. De hecho, afirmó que la temporalidad llega en este colectivo al 30,2%.
Por ese motivo, la directora general de Función Pública reclamó que se elimine la tasa de reposición, ya que de lo contrario «nunca podremos reducir la temporalidad hasta los índices que deseamos y que son necesarios para prestar unos servicios públicos de calidad».
Como se trata de una oferta destinada a reducir la temporalidad, ayer también se acordó que en los procesos que se convoquen la fase de concurso va a contabilizar hasta un 40% de la nota. Los trabajadores que ahora ocupan esas plazas deberán someterse a una oposición para poder acceder a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Pero el examen contará un 60%. El resto se conseguirá por méritos, entre los que se incluirán los servicios prestados a la Administración regional. Hasta ahora, lo habitual era que la oposición ponderase un 75 o 70% y que el concurso llegase al 25 o 30%. «Creemos que si la pretensión es estabilizar las plazas hay que dar alguna facilidad para que las personas que ya están con nosotros tengan alguna ventaja», apuntó Vicente.
Por su parte, los representantes sindicales consultados por HOY reconocieron que la oferta llega al máximo posible, pero que sería necesario eliminar las tasas de reposición para poder reducir realmente la temporalidad. Según sus estimaciones, hay al menos otras mil plazas de la Junta ocupadas por personal no fijo.
También valoraron de forma positiva que se eleve al 40% la nota de la fase de concurso, lo que dará más opciones a los trabajadores que ocupan actualmente esas plazas.

Acumular ofertas

Tras el acuerdo de ayer, el siguiente paso será que el Consejo de Gobierno apruebe la oferta de estabilización y después se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. A partir de ese momento, será necesario fijar el calendario de convocatorias para realizar los exámenes.
Carmen Vicente expuso que se va a llevar a cabo la acumulación con otros procesos ordinarios para que las ofertas cuenten con más plazas y sean más atractivas.
En este caso, la previsión es que se pueda realizar una única convocatoria junto con la oferta de empleo público correspondiente al año 2018 y la que se aprobará para el ejercicio 2019.
En este último caso, la directora general de Función Pública apuntó que se espera contar con 350 plazas. En cuanto a la del 2018, fue aprobada el pasado mes de diciembre con una dotación total de 191 plazas de turno libre para Administración general más veinte de promoción interna. De esa forma, en caso de acumulación se podría llegar a una convocatoria de exámenes con más de 2.000 plazas.
Publicado en HOY