viernes, 17 de enero de 2020

La Junta ve imposible resolver las oposiciones en un año

La Junta ve imposible resolver las oposiciones en un año


La directora general de Función Pública reconoce que no se puede cumplir el plazo recogido en una norma autonómica de 2015

La Junta de Extremadura no puede cumplir su propia norma sobre la regulación y duración de los procesos selectivos de personal. La directora general de Función Pública de la Junta, Carmen Vicente, reconoció ayer que es «prácticamente imposible» cumplir el plazo de doce meses establecido en la Ley de Función Pública para resolver los procesos de oposición, por lo que no se descarta ampliarlo.
Vicente realizó estas declaraciones, recogidas por Efe, en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos, quien recordó que la Ley de Función Pública de Extremadura, aprobada en 2015, establece ese periodo de un año.
Sin embargo, el parlamentario lamentó que los procesos selectivos de diciembre de 2017 para titulados superiores todavía no se han resuelto, mientras que los exámenes de las convocatorias de octubre de 2018 se están empezando a celebrar ahora y de las de abril de 2019 «no sabemos nada» nueve meses después.
La Ley de Función Pública fue aprobada por unanimidad a dos meses de las elecciones de 2015
La directora general reconoció que es «muy difícil» cumplir ese plazo, entre otros motivos por las propias leyes administrativas que rigen los procesos selectivos, aunque afirmó que «hay que ir tendiendo a la minoración» de los mismos.
Vicente apuntó que los procesos más rápidos fueron los de 2010 y 2011, que se resolvieron en 18 meses pese a que no se trataba de convocatorias masivas.
La directora general de Función Pública de la Junta defendió también que se están adoptando medidas para reducirlos, como bolsas transitorias para quienes han sacado plaza hasta que toman posesión de la misma. Pero añadió que prefiere, en cualquier caso, unos «procesos garantistas» aunque se demoren más en el tiempo.
Entre otras medidas que se podrían adoptar citó una agilización en el nombramiento de los tribunales, que según dijo es una de las dificultades de la actualidad porque «mucha gente no quiere estar». También mencionó la posibilidad de potenciar la presentación electrónica de las solicitudes.
«Medidas podemos ver muchas, todas deben ser consensuadas y negociadas con los sindicatos», expuso Carmen Vicente, quien no descarta una modificación de la norma «para dotar de una mayor transparencia y credibilidad a las leyes que se aprueban en esta Asamblea».
A este respecto, el diputado del PP afirmó que si la ley no funciona, «tendremos que poner las medidas para que funcione o modificarla» porque muchos extremeños aspirantes dependen de estos plazos para poder articular sus vidas.

Aprobada por unanimidad

La Ley de Función Pública fue aprobada en marzo de 2015 en el tramo final de la legislatura del popular José Antonio Monago al frente de la Junta de Extremadura. Fue tramitada por el PP como propuesta de ley, lo que permite agilizar los trámites al evitar cuestiones como la exposición al público del texto y la necesidad de contar con el dictamen de órganos consultivos. Eso permitió que se registrara en enero de ese año y se aprobara en apenas dos meses. En la votación final contó con el apoyo unánime de todos los diputados de la Asamblea.
Entre otras cuestiones, la ley establece que las convocatorias de los procesos selectivos deberán contener el calendario para llevar a cabo las pruebas, indicando el plazo máximo de resolución, que no será superior a doce meses. También recoge que la oferta anual de empleo debe acordarse en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura.
Publicado en el diario HOY.