jueves, 19 de diciembre de 2013

La Consejera de Educación explica en la Mesa Sectorial sus razones para no convocar las oposiciones de secundaria

Imagen de la reunión de la Sectorial de la Educación
Reunión de la Mesa Sectorial ayer en Mérida
La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, ha indicado a los representantes sindicales reunidos ayer en la Mesa Sectorial de Educación que considera “más ventajoso” para los opositores de Secundaria “trabajar en una convocatoria de cara al 2015 que realmente cumpla con sus expectativas”. Una postura que se adopta tras analizar “minuciosamente todos los escenarios posibles” ante una posible convocatoria a los cuerpos de Enseñanzas Medias en el año 2014.

Trinidad Nogales ha explicado en la Mesa Sectorial que la Consejería de Educación y Cultura ha contactado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objeto de precisar el número de plazas resultante de aplicar la tasa de reposición que se ha fijado en el borrador de la Ley de Presupuestos para 2014.
Atendiendo a este marco legal, “Extremadura podría convocar en el año 2014 una treintena de plazas procedentes del sector educativo”, ha dicho la consejera. Además, si finalmente se permite acumular alguna plaza más procedente de otro sector, “extremo que aún no está confirmado, podríamos llegar a un máximo de 60”. Una cifra que desde la Consejería de Educación y Cultura también se considera “insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que hay 93 especialidades”, ha explicado la consejera.
Por otro lado, la Consejería de Educación y Cultura también ha tenido en cuenta que comunidades autónomas limítrofes, como Castilla-La Mancha o Castilla y León han optado por no convocar estas oposiciones en el año 2014. Un hecho que afectaría a una posible convocatoria en Extremadura.
Trinidad Nogales recuerda que el Gobierno de Extremadura siempre ha “tenido claras” dos premisas en todo este proceso, que son “adoptar la decisión más ventajosa para nuestros opositores, pero respetando en todo momento la legalidad vigente”.
En este sentido, la consejera recuerda que aunque son las comunidades autónomas las que deciden si convocan o no estas pruebas, lo hacen “sujetas a un marco legal de carácter nacional que no podemos obviar”. Nogales explica que “si nos saltamos la norma, como solicitan desde algunos sectores, la convocatoria sería impugnada”, con el consiguiente perjuicio para aquellos que están preparando las pruebas. “Y un Gobierno responsable no puede jugar de ese modo con las expectativas de los opositores”.
Trinidad Nogales asegura que desde el Gobierno de Extremadura “somos conscientes de que muchos opositores están esperando su momento, pero no vale una convocatoria a cualquier precio”. De ahí que se compromete a seguir trabajando “para que cuando se produzca –la convocatoria– sea en el mejor de los escenarios”.
“Desde Extremadura vamos a solicitar en todos los foros de debate que se pueda realizar una convocatoria más ambiciosa en 2015”, dijo, y con el objetivo de poder acumular las plazas del sector educativo en el año 2015, éstas formarán parte de la Oferta Pública de Empleo del año 2014 aunque no haya convocatoria de oposiciones.
CONCURSO DE TRASLADO
Por otro lado, la Consejería de Educación y Cultura no convocará este año el concurso de traslado para los cuerpos docentes no universitarios debido a la “inseguridad jurídica” en la que se realizaría este procedimiento en Extremadura.
Tal y como se informó a los representantes sindicales en las distintas mesas técnicas celebradas anteriormente, esa inseguridad jurídica se deriva del hecho de que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que considera que no es ajustado a derecho el contenido de un subapartado de la norma, que regula el concurso de traslado a nivel nacional y que se rige según el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre.
Por este motivo, la Consejería de Educación y Cultura considera que hasta que no se despejen todas las dudas jurídicas, y ante un inminente pronunciamiento del Tribunal Supremo, la mejor opción es la de no convocar el concurso de traslado para docentes, fundamentalmente para evitar perjuicios que podrían ser de difícil e imposible reparación y, en consecuencia, en un ejercicio de responsabilidad que ha obligado a adoptar una decisión en beneficio del profesorado.